Según ABAE, el problema evitable es que últimamente se tramitan en el mismo saco judicial los desahucios de inquilinos demandados por particulares y las causas procedentes de daciones en pago.

De aquellos hipotecados a quienes se les impuso ser arrendatarios de las mismas viviendas por las que -previamente escrituraron hipotecas y después disfrutándolas en renta- no pueden seguir pagando las sucesivas subidas de esos arriendos.

Actualmente con el nuevo Real Decreto-ley 7/2019 en materia de vivienda y alquiler BOE-A-2019-3108 aplicable (sin retroactividad) a contratos de alquiler formalizados desde el 6 de marzo de 2019, los asistentes judiciales suspenderán aquellos procedimientos de desahucios que afecten a arrendatarios en riesgo de vulnerabilidad, y comunicarán dichos casos a los trabajadores sociales para la adopción de medidas.

Anteriormente ya cabía la posibilidad -apenas conocida- de poner de manifiesto la falta de alternativa habitacional:

El propio inquilino notificado de un desalojo era quien debía exponer su caso ante los servicios sociales para que estos lo hicieran constar en los juzgados.

En cuanto a las viviendas arrendadas a familias con escasos recursos, cuyos plazos de lanzamientos de bienes inmuebles pueden llegar a alargarse a tres meses cuando estos sean propiedad de personas jurídicas, no se permitirá ninguno de esos desahucios sin que se concrete la fecha y hora de ejecución.