Jaume-Miquel Ruiz |

 

Hoy 06.11.18 la Banca ha ganado la batalla a los consumidores. Nos hallamos ante una situación complicada, y nuestro Alto Tribunal ha permitido que se perjudique más al ciudadano hipotecado.

El Impuesto de Actos Jurídicos y Documentados, tal y como dice su nombre es un impuesto que pagamos al formalizar cualquier documento notarial.

En el caso de las hipotecas es la devolución que más dinero debería aportar la banca, bajo el supuesto de seguirse la sentencia del mes de octubre.

Sin embargo, de nuevo se adjudica al consumidor el pago de este impuesto, algo inaudito.

La banca desde su estatus todopoderoso, aparte de ganar más por sus hipotecas, no deberá pagar dicho impuesto de AJyD.

En un Estado de Derecho se debería recurrir a la Jurisprudencia para hacer cumplir la Ley en todos los órdenes.

Cabe deducir de este acto injusto -por parte del presidente de la Sala Tercera del TS- que dejará a su libre arbitrio cualquier jurisprudencia con la que no comulgue. 

Así el Tribunal Supremo y varios de sus magistrados (entre ellos, el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo) han demostrado ser parciales en esta deliberación, de tal forma que cualquier intento por cambiar la jurisprudencia en beneficio del más débil, o sea del consumidor, será probablemente inútil.

A favor de los ciudadanos queda únicamente esperar que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como lleva haciendo desde el caso Aziz.

A la luz de los hechos, para ciertos magistrados, no existen ni les importa tanto la LGDCU (Ley 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias) como la normativa europea 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Quince magistrados a favor de la banca, mientras trece han hecho todo lo posible por mejorar la situación de los consumidores. 

Verdaderamente esto es motivo de preocupación.