Rosa Santiago |

 

  • Hoy 17 de mayo ha sido la presentación de SOS 17×17, el primer Informe de 2019 del Observatorio de Sostenibibildad de las Comunidades Autónomas.

  • GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE LA VIVIENDA.

En las comparecencias parlamentarias sobre la Agenda 2030 de la ONU pueden participar en el Congreso todos los actores públicos, privados y sociales.

Así la Asociación de Afectados por la Banca y Entidades tiene previsto personarse en el Parlament de Catalunya para plantear el “estado de necesidad” de votar una proposición de ley sobre la Titulización Hipotecaria.

ABAE ha redactado una proposición de ley autonómica y otra estatal sobre la titulización. Dichas propuestas se presentarán a través de los diputados dispuestos a defenderlas en el Parlament y posteriormente en el Congreso de los Diputados. En ambos Hemiciclos ABAE será la Comisión encargada de exponer la necesidad de esta ley.

Por otro lado, el tan mediático y anunciado IRPH (Índice de Referencia de Préstamo Hipotecario) en espera de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), es una cláusula abusiva por la que se devolverá a cada afectado una cantidad insignificante en comparación con los beneficios que acarrearía para un hipotecado si se aprueban estas proposiciones de ley sobre Titulización Hipotecaria.

  • SINHOGARISMO Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

Precisamente ABAE pretende seguir algunos de los cometidos que Naciones Unidas espera de la sociedad civil y los ciudadanos para colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Concretamente los relativos a la labor diaria de esta asociación en consonancia con la Agenda 2030 sobre el derecho a la vivienda y en apoyo al Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

De cómo la Asociación de Afectados por la Banca y Entidades trabaja junto a los ayuntamientos a fin de solventar problemas urgentes de desahucio de colectivos vulnerables -como el de las familias con menores- mientras se estudian alternativas habitacionales.

Y es que según la resolución de 2015 de la Asamblea General, no puede haber desarrollo sostenible sin erradicar la pobreza, otro de los 17 ODS.

  • CUMPLIENDO LA AGENDA 2030.

Una agenda fijada por la Asamblea General de Naciones Unidas para que los gobiernos de todos los países cumplan en 15 años las metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible que abarcan las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.

Este plan de acción establece que las diferentes Administraciones Públicas de cada país deben facilitar y no interferir en el logro de esas metas de los 17 ODS.

En cuanto al compromiso institucional español con las 169 metas de esta agenda internacional, será primordial la protección social a la infancia reduciendo el porcentaje abrumador de un 32% de niños en riesgo de pobreza en nuestro país.

  • INFORMES AGENDA 2030.

En julio de 2018 España compartió en el Foro Político de la ONU las medidas emprendidas desde 2015 en desarrollo sostenible y no aprobó ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aún queda mucho por hacer y la Alta Comisión para la Agenda 2030 coordinará los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país.

Diez meses después, casualmente hoy 17 de mayo de 2019, se presentó en el Gabinete de Historia Natural el primer Informe SOS 17×17 de cumplimiento de la Agenda 2030 de NN.UU. (ODS) a nivel autonómico del Observatorio de la Sostenibilidad (OS).

Con este análisis –a partir de casi 200 indicadores y estadísticas según la temática  de los 17 ODS y sus Metas en las 17 CC.AA.- se puede evaluar los rankings regionales, detectar carencias, focalizar la cohesión territorial, mostrar el panorama general del país y la distribución de los retos. La referencia es la baja calificación dada a España (SOS18), de cuyo suspenso  se infiere la necesidad de un mayor esfuerzo a nivel territorial.

Los ODS también son competencia de las comunidades autónomas o ayuntamientos, por tanto ABAE adapta su participación a esos planes locales a efectos de favorecer en sus zonas las acciones más eficaces y viables relacionadas con objetivos específicos.

La proyección solidaria de la Asociación de Afectados por la Banca y Entidades obedece principalmente a la idea de dar respuesta a personas en precario que han sido embargadas por impago de la hipoteca o del alquiler tras una dación en pago, etcétera.

  • PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL.

El nuevo Ejecutivo alinea los presupuestos con los ODS, dándose la oportunidad de combatir las desigualdades económicas y sociales.

En ese sentido, el PSOE ya propuso en 2016 el Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la SAREB (el banco malo de España) y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.

La Sareb, sociedad anónima de gestión de activos procedentes de las cuatro entidades nacionalizadas y de otras en reestructuración, posee participaciones de capital privado y de fondos públicos a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

  • CONCIENCIAR SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE.

La ONU pide a los medios de comunicación divulgar y sensibilizar sobre los 17 ODS y llama a la acción a empresas y ciudadanos para alcanzarlos.

Un periodismo constructivo y responsable en materia socioeconómica implica –entre otras prioridades informativas- dar visibilidad a situaciones graves de pobreza y de exclusión de los colectivos con más dificultades para salir de la crisis.  

Hace unos días el programa matinal de una Televisión autonómica cubrió la crónica acerca de la ocupación de una vivienda adosada en el municipio madrileño de Arganda del Rey.

La especulación de inmuebles vacíos así como la insuficiente oferta de alquiler social empujan a muchos desesperados (como la familia monoparental de Arganda) a entrar por la fuerza en busca de techo. A establecerse en viviendas o edificios ajenos y deshabitados que no constituyan morada. Contando con el supuesto a favor de haber elegido un espacio –cerrado y abandonado- del que no quepa plantearse denuncia alguna por usurpación, al presuponerlo propiedad de un banco.

En el caso de Alba, una mujer sin recursos que junto a sus  hijos menores ocuparon una casa aparentemente no habitada durante 9 años, según ella; gracias a la denuncia pública e intermediación hechas por el programa de Televisión se dio voz y solución a los condicionantes vulnerables de ambas partes, a los de los okupas y a los de los dueños de edad avanzada.

De esta forma los legítimos propietarios -un matrimonio de octogenarios- podrán recuperar su vivienda tras haber servido de alojamiento temporal desde el pasado mes de febrero para esta mujer y sus tres niños.

  • REGULACIÓN.

Aunque toda ocupación de un inmueble pueda conllevar un presunto o probado delito de usurpación, depende de la durabilidad y/o modalidad de la ocupación, de la tipicidad penal que se aplique en el delito leve de apropiación, tal y como han venido haciendo en los últimos años audiencias provinciales como la de Barcelona.

El ejemplo pionero sobre cómo puede llegar a no constituir delito okupar una vivienda abandonada se dio en 2008 en Palma de Mallorca. La sentencia señaló el estado descuidado y de abandono del inmueble –deshabitado desde hacía más de 20 años- cuya ocupación de la casa aun siendo reprochable, ello no supuso una usurpación de vivienda al no estar siendo usada por la propietaria.

No se podrá desalojar sin mediar una sentencia judicial y tampoco proceder penalmente por delito de usurpación la ocupación de vivienda claramente deshabitada.

Algunas de las sentencias absolutorias lo son también con la eximente de estado de necesidad por situación económica, familiar y social.

  • CONCILIACIÓN Y DESOCUPACIÓN DE LA VIVIENDA.

La Asociación ABAE sabe cómo ayudar en este tipo de supuestos mediando con los servicios sociales municipales (negociando una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a las circunstancias económicas y familiares) y asesorando en el procedimiento judicial para una conciliación entre ambas partes. 

Cabe tener en cuenta que –además de la sobrecarga de trabajo en los juzgados de Arganda- en situación normal los desalojos se ejecutan en menos de un mes, según lo dispuesto en la nueva ley de desahucio exprés ya sea contra ocupas o frente a inquilinos, ley de enjuiciamiento civil o juicio verbal de desahucio de inquilinos –que no pagan- cuando el propietario demandante es persona física.

El desahucio contra desconocidos ocupantes (desahucio exprés contra okupas) se reguló el 2 de Julio de 2018 en la llamada «ley anti-okupas».

Finalmente Alba -la mujer que junto a sus tres hijos han estado ocupando el inmueble de esa localidad madrileña- firmó a los propietarios su compromiso de desocupar la casa en un plazo de quince días. Al parecer una empresa privada se ofreció a pagarle por adelantado un año de alquiler de vivienda.

Esta solución habitacional viene a remediar también la indefensión de los propietarios, quienes hasta el momento no pudieron recuperar su chalé adosado ante la falta de respuesta administrativa. Y es que tanto el Juzgado, como el Ayuntamiento y los Servicios Sociales de Arganda del Rey no han intervenido en resolver este caso de ocupación.

ABAE gestiona esas incidencias y emergencias sociales ante la Administración y asesora a personas insolventes que hayan perdido su vivienda en un procedimiento de desahucio.

Afectados por la Banca y Entidades actúa en toda España. Detiene desahucios hipotecarios y de alquiler tras dación en pago; busca alternativas habitacionales en donde acoger a colectivos en riesgo de exclusión; localiza titulizaciones hipotecarias y en colaboración con sus abogados, solicita nulidad de cláusulas abusivas así como el “derecho de retracto” en casos de venta a fondos buitre.

  • DESAHUCIO EN 5 DÍAS.

La ley del desahucio exprés (vigente desde julio de 2018) agiliza el desalojo de los okupas de la propiedad privada, luego de tramitarse la demanda.

Con esta medida y por la vía civil se puede solicitar la inmediata entrega de la casa ocupada ilegalmente.

Normalmente basta con que el afectado aporte la escritura del inmueble en la presentación de la demanda judicial. A su vez, en un plazo de 5 días hábiles desde que se decreta la admisión de la demanda, los ocupantes deben demostrar que residen en esa vivienda legalmente –por ejemplo, con un contrato de alquiler-.

Esta ley hará que se descongestionen los juzgados y tribunales con competencias penales y que en la jurisdicción civil se reduzcan los anteriores plazos que llegaban hasta los 6 meses.

De no poder justificar la situación posesoria por parte de los ocupas, un mandato del tribunal (contra el que no cabrá recurso) resolverá que el demandante recupere de inmediato la posesión de la vivienda, siempre que el título acompañado a la demanda acredite su pertenencia.

Si se trata de ocupantes en situación de vulnerabilidad, la ley contempla –y bajo el consentimiento de los propios interesados- la actuación de los servicios sociales municipales.

  • EXCEPCIONALIDAD Y MINUTA.

Según la nueva norma, el desahucio exprés se ejecuta cuando se refiere a los ocupantes de viviendas de particulares exceptuando a los okupas de inmuebles propiedad de bancos, inmobiliarias, fondos de inversión y de sociedades patrimoniales.

El proceso de desalojo requiere los servicios de abogado y  procurador, un desembolso para el dueño que ronda los 1.000 euros de honorarios mínimos.

Cabe tener en cuenta que ABAE presta ayuda aplicando descuentos del 50% a sus asociados además de los casos pro bono (importe de 0 euros).